Este 14 de abril de 2021 es una fecha importante para la ciudadanía demócrata de nuestro país. Se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República, un proceso histórico que constituyó un avance incalculable en términos de democracia y de justicia social. Nuestro país sigue teniendo asignaturas pendientes que no olvidamos, como el pleno reconocimiento de quienes lucharon por la libertad y la democracia frente al fascismo, pero hoy la República es sinónimo de futuro y de esperanza. Futuro ante la decadencia de un régimen incapaz de satisfacer sus propias expectativas, y esperanza frente al odio de quienes nos quieren llevar al pasado y el miedo a los avances de quienes se conforman con la situación actual.
Es el momento de trabajar por un país republicano que ponga la vida de las familias trabajadoras en el centro. Para ello, es necesario construir un horizonte compartido entre todos y todas, dibujando un nuevo imaginario transformador que se comprometa con los actuales retos sociales, culturales, políticos e institucionales. Hablar de República es hablar de un país ecologista, feminista y plural que hace de la justicia social su bandera. Hablar de República es hablar de derechos sociales y de condiciones de vida dignas para la clase trabajadora y los sectores populares. Hablar de República es hablar de justicia, democracia y libertad.
Luchamos por un país ecologista que apueste por un modelo económico responsable con el medio ambiente y el planeta, un país feminista que acabe con la lacra del machismo y garantice igualdad en la diversidad, y un país plural que vea en su complejidad cultural y nacional una riqueza que debe ser cuidada. Luchamos por un país con justicia social en el que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras estén por encima de los intereses de las oligarquías acostumbradas a mandar sin presentarse a las elecciones.
Nuestro proyecto de país y modelo de Estado deben ser construidos de manera participativa, ya que la República es un proyecto popular de mayorías que conecta con las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía. La monarquía carece de legitimidad no solo de origen, sino por su corrupción y su papel estructural como enlace entre los poderes económicos y los poderes políticos y mediáticos. Monarquía es sinónimo de pasado y decadencia. Por el contrario, la República es un proyecto integral y renovador de país que abarca el conjunto de problemas, injusticias y anhelos de la ciudadanía, más allá del ámbito institucional. Desde estas coordenadas hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía demócrata y progresista para que se sume a la construcción colectiva del republicanismo.
Desde Izquierda Unida reafirmamos, en una fecha como la de hoy tan importante para la tradición democrática y emancipatoria en nuestro país, nuestra firme apuesta por seguir construyendo, juntos y juntas, un país más justo, más democrático y más fraterno.
Por seguir construyendo, juntos y juntas, Horizonte República.
La huelga en la almadraba de Barbate ha finalizado. La presión ejercida, después de que el 95% de los trabajadores la hubieran secundado, ha surtido efecto. Al final de la mañana de ayer la empresa Pesquerías Almadraba SA se avino a reunirse con los representantes sindicales de CCOO y negociar los plus de capturas de los años 2020 y 2021. Al final de la tarde se llegó a un acuerdo con la dirección de la empresa, cuyo contenido fue de inmediato ratificado por la asamblea de trabajadores. De esa manera se puso fin al conflicto.
Dicho acuerdo ha sido valorado por los representantes sindicales como “intermedio y equilibrado para los dos partes”. Por un lado, se ha conseguido una compensación en el plus de capturas que estaba pendiente del año 2020. Y por otro, existe el compromiso de negociación para el plus de capturas del presente año, a la espera de que se puedan superar las capturas de 5.000 atunes.
Así mismo, desde CCOO se valora muy positivamente la actitud combativa y solidaria de los trabajadores, cuyo esfuerzo común ha permitido que se haya resuelto una parte de sus reivindicaciones.
Desde IU, una vez más, mostramos nuestra solidaridad con los trabajadores y reiteramos lo que no deja de ser una realidad palpable: la unión es lo que permite que se pueda conseguir la defensa de sus intereses.
Los trabajadores de la almadraba de Barbate se han puesto en huelga indefinida. Exigen que se cumpla el convenio vigente, dentro del cual se encuentra el plus por capturas introducido durante la campaña de 2020. La empresa, Pesquerías Almadraba SA, no ha querido negociar ese punto con los representantes sindicales, pertenecientes a CCOO, e incluso ha amenazado con rebajar la cuantía en relación a lo percibido el año pasado.
Esta mañana, a primera hora, los trabajadores se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento, dejando constancia de su malestar, así como de las intenciones que tienen para no ceder ante lo que consideran un atropello por parte de la empresa. El acto se ha llevado a cabo de una forma pacífica y con arreglo a las circunstancias de la pandemia, reuniéndose en pequeños grupos y manteniendo la distancia debida.
Varios componentes de IU, tanto de Barbate como del Consejo Provincial, han estado presentes en el acto, mostrando de esa manera nuestra solidaridad con lo que consideramos una reivindicación justa.
La XII Asamblea Federal de IU ha concluido y su colofón ha sido la reelección de Alberto Garzón como coordinador federal. A través del vídeo que ofrecemos se puede ver su intervención en el momento final de la asamblea, donde ha hecho un homenaje a la militancia de la organización y ha querido transmitir el ánimo y la energía que se necesitan en la actual situación política.
En ese sentido ha recalcado que en IU hay “una propuesta republicana, feminista y ecologista para hacer de España un país más democrático, más justo y más fraterno”. Añadiendo a continuación: “Nunca olvidemos los valores y principios que nos llevaron a militar en Izquierda Unida”.
Por nuestra parte, no debemos olvidar que, dentro de las circunstancias de pandemia que vivimos, la actitud que está mostrando la derecha en su conjunto, muy escorada hacia su extremo, supone un peligro no sólo para el actual gobierno -contradicciones internas incluidas-, sino también para la democracia. Nuestro país tiene importantes insuficiencias en algunos aspectos, lo que hace necesario seguir profundizando en la ampliación de los derechos sociales y políticos (vivienda, trabajo, salud, educación…), sin perder nunca el horizonte republicano que los enmarque. Pero no es menos cierto que el peligro que supone la derecha amenaza incluso con una regresión en relación a los derechos ya conquistados. Por eso, insistimos, es necesario aunar las fuerzas.
Invitamos a escuchar con atención la intervención de Alberto Garzón.
Merece la pena. Y a la vez, animamos a cuantas personas se sientan próximas a IU, como militantes o simpatizantes, no desistan en la lucha que nos une por esos “valores y principios” cargados de justicia social, feminismo o ecologismo, que no son otra cosa que democráticos y por ello republicanos.
Desde la dirección federal de IU se quiere “agradecer a la militancia la participación y el enorme trabajo realizado durante todo el proceso, especialmente dadas las complicaciones derivadas de la actual situación epidemiológica”.
Si quieres descargarte el informe completo de las votaciones pulsa aquí.
Terminadas las votaciones, la XII Asamblea Federal de Izquierda Unida culminará el viernes 25 y el sábado 26 de marzo con un encuentro de las delegadas y los delegados que se han elegido en cada una de las federaciones.
Ayer tuvo lugar en la capital gaditana una concentración en defensa de la SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD. En ella estuvieron presentes diversos grupos de la provincia, como las mareas blancas municipales y comarcales (Cádiz, Puerto Real, La Janda, etc.), la Asociación Pro Derechos Humanos, colectivos de pensionistas, sindicatos, partidos políticos… Hasta allí se desplazó también un grupo de integrantes de la Marea Blanca de La Janda, entre quienes estuvo gente de Barbate y de nuestra organización.
La impresión sobre lo ocurrido ha sido buena buena, porque se ha visibilizado que, pese a la situación de pandemia en la que nos encontramos, los movimientos sociales están muy vivos. Quienes participaron en el acto cumplieron perfectamente las normas de distanciamiento social y actuaron de manera silenciosa, dando muestras con ello de un ejercicio de civismo.
El diario digital Cuarto Poder ha publicado una entrevista a Sira Rego, europarlamentaria de IU, realizada por su director, Sato Díaz. A lo largo de ella nuestra compañera va expresando y desentrañando diferentes aspectos relacionados con la financiación, producción y comercialización de las vacunas contra el covid-19. Entre otras, dice cosas tan interesantes, cuando no preocupantes, como éstas:
“Debería primar el interés general por encima del de las farmacéuticas”.
“Está siendo muy complicado obtener información del precio de las vacunas, de las condiciones de los contratos y de las dosis”.
“Las administraciones públicas están pagando cuatro veces por las vacunas y ni siquiera se garantiza que vayan a estar disponibles”.
“Se podrían producir las vacunas y la patente quedaría suspendida temporalmente”.
“No vale solo con vacunarnos en Europa, no puede ser que no hayamos aprendido nada”.
“La Comisión Europea está más interesada en los beneficios de las farmacéuticas que en los de nuestra gente”.
“Si España adquiere un lote de vacunas y quisiera compartir solidariamente vacunas con un tercer país, no podría hacerlo sin el consentimiento de la farmacéutica”.
“A pesar de la situación de bloqueo en la que se encuentra, Cuba está produciendo su vacuna”.
Así mismo, dado el interés que tiene, reproducimos también la totalidad de la entrevista. Aunque es extensa, no se pierde en ningún momento el hilo de su contenido.
-En enero, se quejaba de que para conocer el contenido del contrato con las farmacéuticas por las vacunas, los eurodiputados tan solo pudieron tener acceso durante cortas franjas temporales limitadas para leer una parte del contenido, ni siquiera pudieron leer el contrato entero. ¿A qué se debe tanta opacidad por parte de las instituciones comunitarias?
-Hay precedentes de este nivel de confidencialidad, sobre todo cuando se negociaron tratados de libre comercio como el TTIP o el CETA. En el caso de las vacunas, ha pasado lo mismo: el acceso es limitado; una sala en la que en todo momento hay un funcionario de la Comisión Europea supervisando lo que estamos haciendo; no se nos permite acceder con ninguna tecnología, ni el móvil; tenemos que firmar un contrato de confidencialidad antes de acceder a la sala; el tiempo está tasado; podemos acceder con un boli que te dan ellos para tomar solo alguna nota… El problema de esto es que son contratos llenos de tachones, lo que vimos la semana pasada publicado, folios que están prácticamente en negro con todo tachado para salvar una serie de elementos que la Comisión Europea, de acuerdo con las farmacéuticas, establece que son confidenciales.
Nos parece que esto es una barbaridad. Estamos hablando de vacunas y de un contrato en el que debería primar el interés general por encima del de las farmacéuticas. Se habla de confidencialidad para la protección de las patentes y esto lo señalamos y lo criticamos. En este momento, hay una adaptación del marco administrativo a las cláusulas de un contrato pensando en los intereses de una multinacional.
Pensemos que en todas las administraciones públicas, hasta en la más pequeña, los procesos de contratación pública están sometidos a criterios de transparencia y publicidad, precisamente por la transposición de directivas europeas. No entendemos que se exija esto a ayuntamientos, que nos parece bien, pero que la Comisión Europea pueda firmar un contrato de esta dimensión, con este coste tan alto y tan necesario para abordar una solución a la pandemia, y que no tengamos ningún acceso a la información. Tenemos la sensación de que es un mecanismo de protección de intereses de las multinacionales. No se defiende el interés general, que ahora es prioritario, no hay ningún motivo para que no lo sea.
-¿Qué pudieron detectar en ese rato en el que pudieron leer parte de los contratos?
-Yo no entré, entró otro compañero del GUE/NGL y vio parte del contrato para la vacuna de CureVac. El de AstraZeneca se publicó directamente en la web. El contrato de CureVac estaba lleno de tachones y faltaba mucha información, como el otro. Es casi imposible conocer la cuantía y el precio de las vacunas. Buena parte de esta información la hemos podido conocer por lo que han desvelado los CEO de las farmacéuticas, la Comisión Europea no nos facilita información y la hemos pedido por todos los medios, cartas, preguntas parlamentarias, interpelando a comisarios… Está siendo muy complicado obtener información del precio de las vacunas, de las condiciones de los contratos y de las dosis. En todo momento nos movemos en un terreno en el que la información la tenemos que adquirir a través de terceros.
-Entonces, ¿en qué medida se puede saber si las farmacéuticas están cumpliendo o no con los contratos?
-Aparentemente, lo que hemos podido saber por toda la polémica que ha habido con AstraZeneca es que no está cumpliendo con lo acordado. Teóricamente, AstraZeneca se había comprometido a distribuirnos 80 millones de dosis y nos comunican, sin haber terminado de cerrar el proceso de supervisión de la Agencia Europea del Medicamento, que van a entregar muchas menos de la mitad. Después de la disputa con la Comisión, entregarán la mitad. Por lo visto, a la señora Von der Leyen le parece una magnífica noticia. No se puede entender.
Quiero subrayar que hemos pagado por esta vacuna ya hasta cuatro veces. Hemos metido mucho dinero público para la investigación de la vacuna; también para la garantía de la extensión de la producción; pagamos, además, por cualquier tipo de reacción adversa y contrapartida que puedan tener las vacunas; por último, pagamos por el precio final de la vacuna. Por lo tanto, las administraciones públicas están pagando cuatro veces por las vacunas y ni siquiera se garantiza que vayan a estar disponibles.
-¿Qué medidas se deberían tomar ante el incumplimiento de los contratos por parte de las farmacéuticas?
-A nuestro juicio, dos cosas. Primero, garantizar que los procesos de contratación de la Comisión Europea tienen los mismos indicadores que la propia Comisión pide al resto de administraciones públicas europeas, es decir, transparencia y publicidad y libre concurrencia. Cuando no se cumple con esto, como en este caso, nos parecería fundamental que se pusieran en marcha instrumentos legales para situaciones extraordinarias. Existen estos instrumentos, a nivel nacional y comunitario, son las licencias obligatorias, lo que permitiría liberar las patentes temporalmente. Se podría producir las vacunas y la patente que quedaría suspendida temporalmente, solo hace falta voluntad política para poner esto en marcha.
Consideramos que estamos en un momento excepcional que exige que se pongan en marcha estos mecanismos excepcionales. Estamos en un momento excepcional en el que la Unión Europea ha decidido suspender temporalmente las reglas fiscales, paralizar las políticas de austeridad y rectificar en relación a instrumentos económicos del pasado y está planteando otros, ¿por qué no podemos hacer uso de estos dispositivos legales para suspender las patentes y permitir producir la vacuna en base al nivel que necesitan nuestras poblaciones? Estamos hablando de que se podrían poner más vacunas y no se ponen porque no hay producción, porque no llegan. El candado a la producción es la patente de las vacunas, suspéndase la patente. Estamos hablando de que estamos en un momento excepcional.
-Ante esta propuesta, ¿qué reacción han percibido de otros grupos políticos del Europarlamento?
-Esta es nuestra propuesta, desde el grupo de la izquierda, pero también hay una iniciativa ciudadana europea que está recogiendo firmas para poner en marcha esta petición, que se apliquen las medidas necesarias para suspender temporalmente las patentes y poder producir la vacuna de acuerdo con las necesidades de Europa y del planeta en su conjunto. La pandemia es un hecho global, hay que abordarla de manera global, no vale solo con vacunarnos en Europa, no puede ser que no hayamos aprendido nada. Si hay un instrumento útil, la vacuna, produzcámosla para todo el mundo. No hay ninguna razón de sentido común para no hacerlo.
He de decir que, con respecto a la licencia obligatoria, no he escuchado formalmente a ningún grupo manifestarse. Me sorprenden declaraciones del Grupo Socialdemócrata, hay una especie de repliegue en torno a la figura de Von der Leyen para blindarla y que no tenga coste político para ella su pésima gestión. Coincidimos que es muy útil que se hayan unido los 27 para que la vacunación sea coordinada, pero es una pena que se pierda ese elemento de fuerza que es la unidad para defender los intereses de nuestros pueblos, se están cubriendo las necesidades de las multinacionales. Nos encontramos con el silencio del resto de grupos parlamentarios que velan por los intereses de la presidenta de la Comisión Europea.
Pongo un ejemplo, cuando Estados Unidos firma el contrato con Moderna, se reserva parte de los derechos de la patente, algo que nos parece muy sensato. ¿Cómo es posible que haya grupos parlamentarios europeos que no defiendan que la Comisión Europea haga lo mismo que lo que ha hecho Estados Unidos? Creemos que se podría hacer lo mismo. La posición del resto de grupos es bastante tibia con la mala gestión de la Comisión Europea.
-¿Qué valoración hace de la gestión de Von der Leyen de la pandemia?
-Nefasta. Hemos visto problemas de coordinación graves en los primeros meses de pandemia, los criticamos en el origen. El liderazgo que tendría que haber tenido la Comisión Europea no lo ha tenido, ha ido a la cola de iniciativas de los propios estados miembros. Me retrotraigo a las tensiones que hubo con los fondos de cooperación y a las tensiones que hubo, siempre ha ido un paso por detrás. También se revela la debilidad de la propia estructura europea, muy beligerante en defender intereses desde una perspectiva neoliberal, pero muy poca unidad en asuntos sociales. La pandemia ha puesto sobre la mesa esta debilidad, la Europa social no existe como nos la han contado. La Comisión Europea no ha sabido por dónde venían los problemas y adelantarse.
Lo último, esto de las vacunas. Nos pareció muy buena idea de la compra centralizada, pero no ha habido coordinación, hasta el punto de que la Comisión Europea está más interesada en los beneficios de las farmacéuticas que en los de nuestra gente. El balance que hacemos de la gestión de Von der Leyen es muy negativo.
-Ha hablado de Right2Cure, una Iniciativa Ciudadana lanzada por sindicatos, colectivos sociales y plataformas reclamando que las vacunas y tratamientos sean declarados como un bien público global. ¿Qué recorrido puede tener?
-Animo a la gente a que la firme, pues permite abrir el debate y que se tengan en cuenta elementos políticos que luego son muy complicados de gestionar y de plantear en las instituciones europeas. Además, es la voz de la ciudadanía que entra dentro de las instituciones europeas. Y es que es algo de sentido común, todos sabemos cómo golpea la pandemia y lo importante que es que haya vacunas para todas. Las cifras de camas ocupadas en hospitales y UCI saturadas son rostros, personas, historias de gente cercana que lo ha sufrido. Por lo tanto, animo a que la gente firme.
-Existe un debate sobre la necesidad de creación de una farmacéutica pública. ¿Está sobre la mesa en la Unión Europea? ¿Y en el Estado español?
-Llevamos en nuestro programa el fin de las patentes, que se trabaje en torno a una estructura pública de servicios en términos generales. Nos parece fundamental tener un control público sobre la producción los medicamentos, son un bien esencial que debería tener siempre un control público. Deberíamos crear una farmacia pública para garantizar que se producen en cantidad suficiente y para que lleguen de forma equitativa a todo el mundo.
-Si en la Unión Europea la vacunación va lenta, qué decir de otras regiones del mundo…
-El mecanismo de solidaridad se gestiona a través del programa Covax de la OMS. Se suponía que para este programa iba a haber colaboración de muchos países y de la industria farmacéutica y no está llegando como se preveía. Lo que está ocurriendo es que se está especulando con un bien de primera necesidad, como son las vacunas. Cuando en un principio se requería la financiación pública para la investigación y la producción, ahí estuvo, pero no está habiendo un retorno. Ha tenido un empuje de inversión pública para garantizar que se abrían mecanismos de solidaridad con otros países, ahora no se está cumpliendo. Ahora, cuando llega el momento de distribuirlo al resto del mundo, las farmacéuticas están poniendo muchos elementos limitantes.
En definitiva, están especulando para obtener un beneficio que, creo, están por encima de lo ético y razonable, pues incluyen en los contratos cláusulas que son especialmente gravosas para el interés general, como por ejemplo que países que adquieren la vacuna no la pueden distribuir sin un acuerdo con la multinacional. Por ejemplo, si España adquiere un lote de vacunas y quisiera compartir solidariamente vacunas con un tercer país, no podría hacerlo sin el consentimiento de la farmacéutica; o si tuviera un sobrante y quisiera venderlo, tendría que acordar el precio de la vacuna con la farmacéutica. Hay una serie de elementos limitantes que señalan que hay un blindaje del interés de las farmacéuticas por encima del interés general. Todo nos lleva a lo mismo. Por eso, creemos que la confidencialidad extraordinaria con los contratos pretende poner un velo para tapar el saqueo a lo público que suponen estos contratos. Hay una extraordinaria inversión de dinero público en algo que está fuera de control del interés general.
-Esta semana se vota en la Organización Mundial de Comercio (OMC) una iniciativa de Sudáfrica e India que reclama, precisamente esto, la neutralización de patentes. La apoyan muchas organizaciones, como Médicos Sin Fronteras. España ya votó en contra de esta medida hace unos meses, pero puede cambiar su decisión. ¿Qué debería votar esta semana el Estado español, en cuyo Gobierno está Unidas Podemos?
-La posición de IU es nítida en esto, la suspensión de las patentes. No hay nada más importante que el interés general, que curarnos, que parar la pandemia. Esto es prioritario, por lo que desde IU nos sumamos a esta petición.
-¿Qué le parece la posible incorporación de la vacuna rusa al plan de vacunación europeo? ¿Por qué no se ha hecho antes?
-Tiene una dimensión geoestratégica, como todo, y otra de carácter sanitario a la que no voy a entrar, pues no soy especialista. En este sentido, declarar que tiene la aprobación de The Lancet, una publicación muy seria en este sentido. Serán los expertos los que la tienen que evaluar. Sin embargo, hay otra serie de elementos geoestratégicos relativos a la relación de la Unión Europea con Rusia que parece que, por la posición que han manifestado los gobiernos de Alemania y de Francia, así como la ministra de Sanidad española, cuando esta vacuna pase los filtros de la Agencia Europea del Medicamento, que es muy garantista y eso está muy bien, lo normal sería que no haya problemas en que se distribuya también en Europa.
-¿Y la china o la cubana?
– Hay que tener siempre los mismos criterios, es decir, que prevalezca el interés general, los filtros sanitarios de la Agencia Europea del Medicamento y garantizar una distribución para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible para acelerar los planes de vacunación. No me puedo resistir a hacer una mención a la vacuna cubana, a un país que a pesar del bloqueo exporta siempre solidaridad. Ya lo vimos en el primer momento de la pandemia, mientras que los países europeos bloqueaban todo, veíamos la solidaridad de Cuba que mandaba sus brigadas médicas a apoyar a países europeos. Ahí se rompió un relato y un paradigma sobre Cuba y es justo reconocer lo que ha hecho Cuba por el mundo.
Ahora, a pesar de la situación de bloqueo en la que se encuentra, Cuba está produciendo su vacuna en una fase muy avanzada. Eso permitirá tener mucha autonomía al pueblo cubano para vacunarse y, además, ya han dicho que van a exportar la vacuna. Son así de generosos y no me resisto a ponerlos como ejemplo.
-Cambiando de tema. Esta semana han pedido la destitución del responsable de Frontex, la agencia de control de las fronteras europeas.
-Frontex, según investigaciones de diversos medios de comunicación y pruebas audiovisuales, podría estar involucrada en procesos de devolución en caliente de personas migrantes en la frontera greco-turca. Estamos hablando de la vulneración del derecho internacional y los derechos humanos. Es un hecho muy grave, pedimos la comparecencia del director de Frontex en el Parlamento y en las dos ocasiones nos engañó, dijo que no estaba implicada Frontex cuando posteriormente se ha acreditado la implicación. Es un hecho muy grave, merece ser investigado, este señor ha de dimitir, ha ocultado información en sede parlamentaria. Hemos impulsado desde el grupo de la izquierda una comisión de investigación que, afortunadamente, se va a poner en marcha para dilucidar cuál es el alcance de todo esto y qué hay que modificar en Frontex para que no se vuelvan a repetir situaciones así.
(La fotografía es de José Camó y se ha reproducida tal como aparece en la entrevista).
El Gobierno ha aprobado hoy martes, 19 de enero, un real decreto-ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Se trata de una iniciativa del ministerio de Consumo que se inscribe, a su vez, con la Nueva Agenda del Consumidor, aprobada recientemente por la Comisión Europea.
La nueva norma va a permitir que se desarrolle la figura de “persona consumidora vulnerable”, así como que se refuerce la protección de los colectivos que sufran esos riesgos. De esta manera las distintas administraciones públicas podrán corregir situaciones de indefensión, algo que se ha visto agravado desde el pasado mes de marzo, cuando se tomaron medidas de aislamiento social y restricciones a la movilidad a causa de la pandemia del covid-19.
De una forma más concreta, se centrará en los abusos, los fraudes, las estafas y los engaños que se relacionan con técnicas de comercialización y/o de información llevada a cabo por determinadas empresas. Entre los colectivos afectados, se encuentran menores de edad, personas de avanzada edad y especialmente con un bajo nivel de conocimientos digitales, personas con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial, así como quienes, en general, tengan dificultades en el acceso a la información.
El real decreto-ley supone una modificación de la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios, en la que introduce y desarrolla el concepto de consumidor o consumidora vulnerable, que se define como aquella persona que se encuentra en una situación de desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha declarado que “nadie a lo largo de su vida está exento de sufrir situaciones de vulnerabilidad”. También ha resaltado como principales beneficiarios a los colectivos sociales más feminizados y a quienes viven en el ámbito rural. Por último, el ministro ha asegurado que la nueva norma ayuda a crear un modelo de relaciones de consumo “más transparentes, democráticas e igualitarias”, lo que supone un beneficio para el conjunto de la sociedad.
IU considera como “abusiva e injustificable” la subida de la electricidad y reclama por ello que se tomen “medidas para que la energía sea un derecho irrenunciable en un sistema donde prevalezca el control público”. En ese sentido, la responsable federal de Acción Política de IU, Sira Rego, advirtió el otro día que “hemos llegado a una situación insoportable, consecuencia de los intereses económicos particulares del oligopolio eléctrico” y añadió que IU apuesta por “una empresa pública y unas nuevas normas que contribuyan a adecuar el mercado para garantizar precios máximos a determinadas unidades familiares más vulnerables y garantizar cupos mínimos vitales de energía para, desde luego, alcanzar otro tipo de composición y usos energéticos”.
Para IU la subida del precio de la electricidad supone que en España se estén alcanzando niveles inusitados, lo que supone que nos hayamos convertido “en uno de los países con la electricidad más cara de toda la Unión Europea”. Así mismo, para IU se añade como agravante que se esté llevando a cabo “en plena ola de frío y nieve, y cuando buena parte de la ciudadanía debe sumar esta escandalosa subida a la vulnerabilidad que arrastra por las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, entre otros problemas”.
Por otro lado, Sira Rego, que también es portavoz de IU en el Parlamento Europeo, considera que “hemos llegado a una situación insoportable, que es consecuencia de los intereses económicos particulares del oligopolio eléctrico”. Ha manifestado también, como algo lo imprescindible, que “las distintas administraciones e instituciones competentes, entre ellas el Gobierno, analicen con detalle este grave problema y actúen de inmediato para que la energía sea un derecho básico irrenunciable, en su sistema de distribución y uso donde prevalezca el control público de la mayoría”.
IU siempre ha defendido “romper este dañino oligopolio” y apuesta por crear “una empresa pública y unas nuevas normas que contribuyan a adecuar el mercado para garantizar precios máximos a determinadas unidades familiares más vulnerables y garantizar cupos mínimos vitales de energía para, desde luego, alcanzar otro tipo de composición y usos energéticos”.
Para Rego, “aunque esta ola de frío aumente, como es lógico, la demanda eléctrica y la meteorología no esté siendo muy propicia para la generación de las renovables, incluso con un mercado del gas con precios en aumento por coyunturas externas, no se pueden justificar unos precios mayoristas que sobrepasan cualquier límite, como ocurrió ayer viernes, algo que no tiene un equivalente así en los países de nuestro entorno”.
Ante la magnitud del problema, Izquierda Unida plantea un conjunto de medidas, entre las que destaca:
1. Cumplir con el punto 3.2 del Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE para acometer una profunda reforma del mercado eléctrico que evite estas situaciones de precios extremadamente elevados.
2. Que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abra de forma efectiva y hasta las últimas consecuencias como organismo regulador y supervisor del sector energético una investigación para dilucidar con transparencia cómo han operado los productores en estos últimos días, para aclarar cualquier sospecha sobre posibles actuaciones anticompetitivas de algunos agentes del mercado, como se ha demostrado que ha ocurrido en otras ocasiones por parte de algunas compañías.
3. Que en virtud de la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica intervenga de forma temporal, al menos hasta el final del estado de alarma, los precios de acuerdo a las excepciones que prevé el artículo 5 de dicha directiva.
4. Que se diseñe una tarifa regulada real que sustituya a la actual (PVPC), y no desregulada y bajo los exclusivos criterios del mercado como ocurre en la actualidad.
Izquierda Unida considera que “de forma racional, serena y tras un adecuado análisis de los múltiples estudios profesionales existentes, debe modificarse un sistema de fijación de tarifas mayoristas del mercado eléctrico que en estos momentos está basado en una subasta que fomenta la especulación”.
Rego ha apuntado que “lo que se pone de manifiesto de forma recurrente es que la configuración actual del mercado eléctrico y su excesiva concentración lo hacen ineficiente. Una vez más queda demostrado que se debe actuar para evitarlo”.
Izquierda Unida respaldó de forma clara en el Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE un compromiso para reformar el actual mercado eléctrico, tal y como se plasmó en el punto 3.2.
“Desde IU entendemos -ha señalado Sira Rego- que es el momento para que el PSOE cumpla con sus compromisos y se pueda abrir una mesa de trabajo para abordar el diseño del nuevo modelo de mercado eléctrico. Las actuales distorsiones solo benefician a las empresas productoras de electricidad y al oligopolio que lo controla de forma mayoritaria, en claro perjuicio de los consumidores, especialmente los más vulnerables”.
Y, por último, ha recordado que más de 10 millones de consumidores domésticos están acogidos a la tarifa regulada (PVPC) y que para solicitar el bono social, además de acreditar la condición de vulnerabilidad, “se debe estar incluido en esa tarifa, que consiste básicamente en una indexación de la evolución del mercado eléctrico, es decir, está sometida a la volatilidad del mercado, por lo que el riesgo del precio no lo asumen las compañías comercializadoras, sino los propios consumidores”.
Este año 2020 que ahora termina ha sido de enorme dificultad. Las víctimas de la pandemia más grave en cien años se cuentan por miles, y nuestro país ha atravesado momentos de mucha tensión política y social como consecuencia de las medidas que son necesarias para combatir la crisis sanitaria. Muchas de las personas que nos han dejado eran compañeros y compañeras de nuestra organización, y no puedo sino aprovechar esta misiva para mandar de nuevo un mensaje de condolencia a sus familiares, amistades y seres queridos. En estos momentos tan duros, nuestro recuerdo está con las víctimas y sus familias.
Durante este 2020 la vida ha transcurrido de un modo muy diferente al que imaginamos cuando comenzamos el año. De hecho, todo a nuestro alrededor ha sido afectado por esta conmoción sanitaria, social y económica. Los períodos de confinamiento en casa, la necesidad de restringir los contactos sociales y las nuevas formas de organización del trabajo a distancia, entre otras cosas, son ejemplos del trastorno que en nuestras vidas ha provocado la pandemia. A nivel de organización, gran parte de nuestra actividad ha estado limitada por las mismas restricciones e incluso nos hemos visto obligados a aplazar nuestra asamblea federal en dos ocasiones por no darse las condiciones óptimas para su celebración. Además, durante estos meses también nos ha dejado nuestro amigo y compañero Julio Anguita, ex coordinador de IU y exsecretario general del PCE, lo que ha supuesto un fuerte impacto emocional para nuestra organización.
A pesar de todo, el año termina con una imagen de una gran fuerza simbólica: la de nuestro sistema sanitario vacunando a la población más vulnerable. Como se ha dicho, es el principio del fin de la pandemia. Todavía queda bastante tiempo hasta que podamos cantar victoria, y mientras tanto tendremos que seguir alentando la responsabilidad ciudadana al tiempo que desplegamos nuevos mecanismos de protección social y económica, pero sin duda estamos ante un hito que cambiará la trayectoria de esta pandemia. La eficaz investigación científica a nivel mundial nos ha proporcionado en un tiempo récord una vacuna con la que más temprano que tarde volveremos a poder relacionarnos y vivir como antes. Este hecho pone de relieve, una vez más, la crucial importancia para una sociedad tanto de la investigación científica como del sistema público de salud.
Ahora bien, los retos que tenemos por delante como sociedad, como país y como organización son numerosos. Permitidme que aproveche la oportunidad para señalar algunos.
El pasado 22 de agosto se superó la biocapacidad del planeta, lo que simbólicamente representa el punto a partir del cual utilizamos recursos que no se pueden regenerar en el mismo año. Por lo tanto, ello significa que el sistema capitalista de producción y consumo es insostenible y que las reformas necesarias en la economía deben ser intensas, radicales y sobre todo dirigidas al objetivo de preservar la vida. Nunca será suficiente recordatorio: sin planeta no hay base material sobre la que elevar sociedad humana alguna. Aunque sea una tarea para realizar a nivel mundial, nuestro país tiene el deber específico de realizar una eficaz transición ecológica en el menor lapso posible, de modo que consecuentemente los recursos económicos deben orientarse a este objetivo vital de carácter básico. Ningún movimiento de corto alcance o de coyuntura puede ignorar esta imperiosa necesidad.
Como se sabe, los fondos europeos que van a contribuir a abordar las consecuencias económicas de la pandemia podrán ser utilizados a tal fin. Pero la transición ecológica debe incorporar otros objetivos. En el caso de nuestro país, debe entenderse que lo principal es facilitar una senda de modernización y desarrollo económico que nos permita actualizar nuestra estructura productiva. Si ello se lleva a cabo de manera adecuada, los salarios podrán subir y dejaremos atrás el largo historial de precariedad que arrastra nuestro país. Esta tarea sólo podrá llevarse a partir de una alianza con los sectores modernos de nuestra sociedad, incluyendo a un determinado tipo de empresarios que sí tienen intereses en convertir a España en un país económica y tecnológicamente puntero y con salarios altos.
Sin embargo, tal y como se está viendo en las últimas semanas, las resistencias a mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora son fuertes y proceden de los mismos focos de siempre: una cultura empresarial y unos economistas que siguen pensando en clave de ajuste neoliberal para hacer frente a la crisis económica y que ni siquiera llegan a concebir con toda plenitud el papel positivo que juegan los salarios en estimular la economía. Desde Izquierda Unida seguiremos defendiendo recuperar los derechos laborales perdidos en la última década para que, junto con la modernización productiva, podamos aspirar a mejores niveles de vida de las familias trabajadoras.
Pero es importante que asumamos que la cuestión política central no va sólo de un conflicto alrededor de cómo se configuran las relaciones laborales, sino de algo mucho más profundo: estamos hablando de un conflicto en torno al poder. Los elementos conservadores de nuestro país pueden llegar a tolerar el despliegue del escudo social e incluso que arranquemos determinadas conquistas en el ámbito laboral, pero se opondrán con más ferocidad a todo lo que conlleve una redistribución del poder y la riqueza en nuestro país.
Al final, cuando hablamos de modernización y desarrollo hablamos de romper con la cultura política clientelar, rentista y especulativa que ha sostenido los modelos de crecimiento promovidos por la derecha. Existe un vínculo entre los “milagros económicos” de Rodrigo Rato y Aznar, los innumerables casos de corrupción política del PP en torno a la concesión de licencias de suelo y otros proyectos relacionados con el ladrillo, el saqueo brutal a las cajas de ahorro a través de las cuáles se financiaba la red, y una cultura empresarial oligárquica acostumbrada a vivir de las concesiones públicas y del dinero público. Esta red expresa un poder, ideológicamente cohesionado en torno al nacionalismo español, que va más allá de los aparatos de partido. Y es aquí donde debemos ubicar los casos de corrupción que han afectado a la monarquía durante los últimos años, no por casualidad también vinculados a las concesiones públicas.
Por todas estas razones, el proyecto republicano que defendemos va también más allá de la jefatura de Estado. Por supuesto que entre nuestros valores se encuentra la aspiración a democratizar también los vestigios feudales, pero es mucho más importante construir una solución política a las crisis ecológica, territorial, económica, social y política por la que atraviesa nuestro país. Precisamente la República condensa todas las soluciones deseables a estas crisis, pues República significa modernización y desarrollo, Estado federal plurinacional, Estado social avanzado y ecología política y feminista.
Estos objetivos son ambiciosos, pero también apasionantes además de necesarios. Estoy convencido de que, como hasta ahora, toda la militancia de Izquierda Unida estará a la altura de una situación como esta. Tras ochenta años, militantes de la izquierda transformadora nos sentamos en el Consejo de Ministros en representación de unos principios y valores que siempre han empujado al avance social para las familias trabajadoras. Al mismo tiempo, trabajamos en la recomposición de los tejidos sociales que el neoliberalismo ha debilitado o destruido en las últimas décadas. Nadie dijo nunca que fuera fácil, pero creemos que es justo y necesario combatir por ello. A lo largo del próximo año 2021 tendremos nuevas oportunidades para seguir avanzando.
Feliz año nuevo, Salud y República,
Alberto Garzón Espinosa Coordinador Federal de Izquierda Unida
