
La grave situación que afecta a 6.000 niños y niñas en Canarias, debida a la emergencia migratoria, es de conocimiento público gracias a los medios de comunicación. Se trata de menores que huyen de la pobreza, las guerras y las consecuencias del cambio climático, por lo que han emprendido una peligrosísima travesía que ha dejado importantes secuelas físicas y emocionales a una buena parte. La saturación de los recursos gestionados por el Gobierno de Canarias está impidiendo ofrecerles una atención adecuada, lo que agrava aún más su vulnerabilidad.
No debería ser necesario recordar que la protección del interés superior de los y las menores se configura como un principio rector fundamental en la actuación de los poderes públicos. Este principio está consagrado en diversos tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño. En su artículo 3.1 se establece que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atendrá será el interés superior del niño”.
Dicha obligación se concreta en nuestra Constitución en el artículo 39.4, que recuerda que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. Además, este principio ha sido reforzado en normas posteriores, como la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, relativa a la protección integral a la infancia y la adolescencia.
En coherencia con lo indicado, los niños no acompañados y las niñas acompañadas tienen los mismos derechos que los niños y las niñas de nuestro país. Por lo tanto, es imperativo proteger sus derechos, estableciendo mecanismos vinculantes y solidarios que garanticen su bienestar y desarrollo integral.
España cuenta con los recursos necesarios para atender adecuadamente a la infancia migrante que llega en condiciones de extrema vulnerabilidad. Es necesario implementar políticas efectivas y coordinadas a nivel estatal y autonómico para asegurar que estos menores reciban la protección y el cuidado que merecen. La creación de una red de apoyo que involucre a diversas instituciones y organizaciones puede ser clave para proporcionar un entorno seguro y favorable para su desarrollo.
En este sentido, es fundamental que las autoridades locales, autonómicas, nacionales y europeas trabajen de manera conjunta y solidaria para responder a esta emergencia humanitaria. Solo a través de la cooperación y el compromiso podremos garantizar que los derechos de estos niños y niñas sean plenamente respetados y protegidos.
La protección del interés superior de los y las menores no es solo un mandato legal, sino un imperativo ético que exige una respuesta inmediata y eficaz. Cada día que pasa sin una solución adecuada, se pone en riesgo el futuro y el bienestar de miles de niños y niñas. No podemos permitir que esto continúe. Debemos actuar ahora con responsabilidad y humanidad.
IU pide que la ciudadanía, de un lado, y las diversas instituciones públicas, de otro, se pronuncien en favor de lo siguiente:
1º Apoyar la modificación del artículo 35 de la ley 4/2000 para establecer mecanismos vinculantes y solidarios que ayuden a garantizar los derechos de la infancia migrante.
2º Instar a que se cumpla con los acuerdos establecidos el año pasado para el acogimiento de menores no acompañados, y con los nuevos compromisos de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Canarias en julio de 2024.
2º Instar al Ministerio de Infancia y Juventud a que siga impulsando medidas para garantizar los derechos de las niñas y los niños migrantes.
