Los grupos municipales de Izquierda Unida de Andalucía están presentando una moción en cada uno de los ayuntamientos donde tienen representación con el fin de apoyar la constitución de un gobierno progresista y defender la democracia. Sabido es que los resultados de las elecciones de julio pasado han permitido la posibilidad de conformar un gobierno progresista entre PSOE y Sumar, con el apoyo de diversos grupos nacionalistas de izquierda (EH-Bildu, BNG, ERC) y derecha (PNV, JXC, CC). Una posibilidad que está a punto de hacerse realidad, cuando el jueves se produzca la investidura de Pedro Sánchez como jefe de Gobierno, pero que no es aceptada por la derecha españolista. Pese al fracaso del PP, que en septiembre no consiguió los apoyos necesarios para que Alberto Núñez Feijóo como jefe del ejecutivo, no han parado los intentos de dicho partido y de Vox para impedir que eso se lleve a cabo, para lo que están contando con la colaboración de grupos declaradamente fascistas.
He aquí el contenido de la moción.
MOCIÓN EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
Exposición de motivos
La Constitución española determina que nuestro país se organizará en un sistema parlamentario y que la conformación del gobierno del Estado surgirá de las mayorías parlamentarias que la propia constitución establece.
Tras la celebración de las elecciones generales, el pasado 23 de julio, las cortes españolas quedaron conformadas con la correlación democrática de fuerzas emanada de dicho proceso electoral.
El artículo 99 de la Constitución española establece el procedimiento para la conformación del gobierno. En aplicación de ese procedimiento constitucional el Partido Popular sometió a la confianza de la cámara la propuesta de su candidato. Una vez rechazada por el Congreso de los Diputados la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, el Rey propuso a la Presidenta del Congreso la candidatura de Pedro Sánchez para ser sometida al proceso de investidura.
Todo el procedimiento respeta, por tanto, lo establecido en la Constitución española y nuestro ordenamiento jurídico de una manera escrupulosa.
Dentro de esta normalidad constitucional, las fuerzas políticas han desarrollado un proceso de diálogo político que ha derivado en acuerdos de diversa naturaleza, que en algunos casos tendrán su plasmación en una agenda legislativa, que debe ser sometida a la consideración del Congreso y del Senado. Todas estas leyes, como siempre desde que se aprobó la Constitución, están sometidas al control de legalidad en relación a la constitucionalidad de las mismas.
Lamentablemente, desde sectores de la derecha se está alimentando la desinformación y la confrontación social, con falsas acusaciones de “golpismo” a las fuerzas políticas que, democráticamente, han llegado a un acuerdo de gobierno. Replican discursos que ya antes se escucharon en Estados Unidos y Brasil, que sirvieron para alimentar relatos que justificaron actos mundialmente reconocidos como muy graves desde el punto de vista democrático. Hablar de “dictadura”, de gobierno ilegitimo o de devolver “golpe por golpe” no es más que replicar discursos que antes ya emplearon Donald Trump y Bolsonaro.
El acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y SUMAR, es una oportunidad para que en este país se siga avanzando en una agenda social que permita defender los servicios públicos, avanzar hacia el pleno empleo y mejorar la calidad del mismo. La investidura de un gobierno progresista permitirá profundizar en elementos de justicia fiscal con impuestos a la banca y las grandes energéticas, que están teniendo en momentos de crisis beneficios extraordinarios. El aumento del parque público de vivienda, la reducción de la jornada laboral, continuar incrementando el salario mínimo y la ampliación de permisos retribuidos por nacimiento son otras medidas contempladas en el acuerdo de gobierno para dar respuesta a las necesidades de las clases trabajadoras de este país.
Estamos convencidas de que las dificultades políticas que en los últimos años ha habido con parte de la sociedad catalana sólo pueden superarse desde el diálogo y la búsqueda del encaje de Cataluña en el estado español, dentro del marco de la constitución española.
La ley de amnistía registrada en el Congreso de los Diputados, el 13 de noviembre de 2023, y acordada entre las fuerzas políticas que conforman la mayoría parlamentaria de investidura, desjudicializa un conflicto que ha generado fractura social en Cataluña y España, y que sólo puede resolverse desde la política y el diálogo en el marco de la Constitución Española. El ordenamiento constitucional español permite esta Ley de Amnistía, que estará sometida a todos los mecanismos de control previstos en nuestro estado de derecho.
Hoy, defender la democracia y la Constitución pasa por hacer frente a aquellos que lanzan mensajes de odio, racistas y fascistas frente a acuerdos políticos legítimos. Defender la igualdad de los españoles es garantizar de que disfrutan de todos los derechos y libertades independientemente de su lugar de residencia, de su origen social, del color de su piel, de su religión y de cualquier otra condición personal o social, algo que no es precisamente lo que han defendido con sus políticas aquellos que ahora parecen querer apropiarse de la Constitución, de España y de lo que debe sentir, ser o hacer un buen español.
En los próximos años este país debe abordar su modelo territorial desde el reconocimiento de la plurinacionalidad de España, de la solidaridad entre los territorios como garantía de igualdad y de cohesión territorial entre todas las partes del Estado.
Andalucía debe tener un protagonismo de primer orden en ese proceso, desde su participación, en pie de igualdad con otros territorios, en la definición del modelo. Deben ser una prioridad, un nuevo modelo de financiación autonómica que acabe con nuestra infrafinanciación, un sistema de financiación local que garantice la autonomía y la suficiencia financiera de nuestros ayuntamientos, así como la profundización en el desarrollo de nuestro Estatuto de autonomía.
Por todo ello, el grupo de Izquierda Unida propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1. Expresar el apoyo al proceso de constitución del nuevo gobierno como expresión del normal funcionamiento democrático de nuestro país y condenar todas aquellas declaraciones y actitudes tendentes a cuestionar la legitimidad democrática y legal del mismo.
2. Mostrar la solidaridad al PSOE por el acoso diario y el ataque a sus sedes en los últimos días.
3. Expresar el apoyo a las medidas contenidas en el programa de investidura del nuevo gobierno, porque entendemos avanza en la línea de conquista de derechos para la ciudadanía, del progreso social y económico de nuestro país y en la normalización democrática del conflicto territorial existente con Cataluña.
4. Instar a las fuerzas políticas andaluzas a alcanzar un gran acuerdo para presentar una propuesta unitaria de modelo de financiación para Andalucía, que posicione a nuestra comunidad autónoma en primera línea del debate sobre el modelo territorial del país.
5. Instar a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias a iniciar las acciones oportunas para impulsar un nuevo modelo de financiación local, que garantice la autonomía y la suficiencia financiera de los Ayuntamientos andaluces.