Barbate es un Ayuntamiento ultra-arruinado. Está sometido a los Fondos de Ordenación del Ministerio de Hacienda y Función Pública y, según los últimos datos publicados en su web, se están incumpliendo los fondos al no suministrar información sobre sus planes de ajuste.
Por otra parte, el Período Medio de Pago a Proveedores se situaba en el primer trimestre de 2022, según datos del Ministerio de Hacienda, en 472,40 días, siendo la media española de 54,89 días para las Corporaciones Locales a febrero de 2023. El importe de pagos a proveedores comunicados al Ministerio en el primer trimestre de 2022 alcanzaba más de 4,7 millones de euros. La deuda viva total del Ayuntamiento a finales de 2021, según datos ministeriales, alcanzaba 86,517 millones de euros.
Esta situación económica, y la expectativa de otros cuatro años de gobiernos municipales orientados al corto plazo y el pequeño caciqueo, asegura que la deuda seguirá aumentando y el bloqueo municipal para realizar inversiones y mejoras de calado en el municipio será absoluto. Barbate ya es hoy por hoy un municipio tutelado por la Diputación Provincial y el resto de Administraciones que con sus proyectos, en el marco de sus competencias, permiten algunas actuaciones relevantes, pero si fuera por los fondos propios del Ayuntamiento eso no sería posible.
Para remediar esta situación proponemos:
1. Realizar una revisión económico–financiera definitiva que permita fijar el importe total de deuda del Ayuntamiento de Barbate a fecha concreta y elaborar un plan de pagos creíble para alcanzar acuerdos con proveedores y Administraciones Públicas. Mantenimiento al día de obligaciones corrientes desde ese momento.
2. Retomar el control de las finanzas municipales mediante la asunción del Servicio de Recaudación Municipal.
3. Renegociar las operaciones de préstamo en vigor y Auditoría Ciudadana de la Deuda, para valorar la salida de los Fondos de Ordenación, que suponen mayores impuestos para la población y que ésta pague los dislates de tantos gobiernos municipales anteriores, así como la pertinencia del pago de deudas que no hayan tenido efecto en el bienestar de la ciudadanía.
4. Poner en valor del patrimonio municipal y los bienes comunales, así como revisión de los ingresos por estos conceptos.
5. Impulsar medidas normativas en el ámbito estatal para contemplar soluciones de gran calado para los Ayuntamientos ultra-arruinados como Barbate.
