El Gobierno ha aprobado hoy martes, 19 de enero, un real decreto-ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Se trata de una iniciativa del ministerio de Consumo que se inscribe, a su vez, con la Nueva Agenda del Consumidor, aprobada recientemente por la Comisión Europea.
La nueva norma va a permitir que se desarrolle la figura de “persona consumidora vulnerable”, así como que se refuerce la protección de los colectivos que sufran esos riesgos. De esta manera las distintas administraciones públicas podrán corregir situaciones de indefensión, algo que se ha visto agravado desde el pasado mes de marzo, cuando se tomaron medidas de aislamiento social y restricciones a la movilidad a causa de la pandemia del covid-19.
De una forma más concreta, se centrará en los abusos, los fraudes, las estafas y los engaños que se relacionan con técnicas de comercialización y/o de información llevada a cabo por determinadas empresas. Entre los colectivos afectados, se encuentran menores de edad, personas de avanzada edad y especialmente con un bajo nivel de conocimientos digitales, personas con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial, así como quienes, en general, tengan dificultades en el acceso a la información.
El real decreto-ley supone una modificación de la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios, en la que introduce y desarrolla el concepto de consumidor o consumidora vulnerable, que se define como aquella persona que se encuentra en una situación de desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha declarado que “nadie a lo largo de su vida está exento de sufrir situaciones de vulnerabilidad”. También ha resaltado como principales beneficiarios a los colectivos sociales más feminizados y a quienes viven en el ámbito rural. Por último, el ministro ha asegurado que la nueva norma ayuda a crear un modelo de relaciones de consumo “más transparentes, democráticas e igualitarias”, lo que supone un beneficio para el conjunto de la sociedad.
