IU, Somos Barbate y la concejala María José Corrales, que instaron judicialmente la nulidad del presupuesto de 2017, exigen la dimisión del Alcalde

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Los Grupos Municipales de Somos Barbate e Izquierda Unida del Ayuntamiento de Barbate, junto a la Concejala No Adscrita María José Corrales López, han podido saber a través de noticias de prensa que el Alcalde, Miguel Molina, ha reconocido que los presupuestos de 2017, que aprobó con el apoyo del PSOE, son nulos en su tramitación y, por tanto, nunca deberían haber entrado en vigor.

En primer lugar, queremos expresar nuestra absoluta perplejidad por la forma en que Molina está gestionando esta situación sin darle la mayor importancia, reflejo de cómo gestiona los fondos públicos.

Pero también es importante destacar la falta de escrúpulos democráticos de éste al haber atacado sistemáticamente a IU, SOMOS BARBATE y la Concejala No Adscrita cuando decidieron ejercer sus derechos democráticos y acudir a los Tribunales a pedir el amparo legal que el Alcalde negaba, al sostener la perfecta legalidad del presupuesto de 2017 que ahora se demuestra nulo.

El talante totalitario de Molina queda de manifiesto cuando, en vez de convocar una Junta de Portavoces y explicar a los grupos la situación planteada por el Ministerio de Hacienda, ha preferido irse a un medio de comunicación a dar la noticia. Es patético que representantes públicos de una Corporación con un presupuesto de más de 20 millones de euros anuales tengamos que enterarnos por la prensa de las tropelías y las negligencias del Alcalde y de las noticias que envía el Ministerio de Hacienda a nuestro Ayuntamiento.

En esta ocasión, sin embargo, a mayores de la incapacidad gestora de Molina, que tanto ha desplegado a lo largo de toda su vida, lo grave es que se trata de la tramitación y aprobación negligente de la norma financiera que ordena la vida económica de nuestro Ayuntamiento, y dice cuanto se prevé que ingresen y gasten las arcas públicas durante un año.

La situación, por consiguiente, es de extrema gravedad porque esto supone la incertidumbre financiera y la revisión de todos los actos administrativos de cobros y pagos que haya hecho la Corporación durante la vigencia de este presupuesto desde marzo de 2018, sin perjuicio de que investiguemos si, como nos han trasladado, el presupuesto se metió en contabilización desde junio de 2017.

Por poner un ejemplo con el que la ciudadanía pueda asimilar la situación, es como si todos los ingresos y gastos de una familia durante un año se declararan nulos y hubiera que revertirlos todos devolviendo lo cobrado e ingresado lo pagado, a salvo de que se demostrara que todas estas operaciones se han hecho de buena fe y sin perjuicio para terceros, lo que también anunciamos que investigaremos cuidadosamente.

Los ediles que emitimos el presente comunicado consideramos que Molina ha tocado fondo en su nefasta forma de dirigir la política económica de nuestro pueblo y exigimos que presente inmediatamente su dimisión.

Esta dimisión además debe venir acompañado de las explicaciones que tengan que dar los políticos y técnicos municipales que han cooperado a este despropósito, así como el PSOE que apoyó esos presupuestos, y nos digan con claridad las medidas que van a tomar y la depuración de responsabilidades de todo tipo que van a llevar a cabo, asumiendo las suyas propias.

En este sentido, los grupos firmantes del presente comunicado igualmente anunciamos que exigiremos tal depuración de responsabilidades en todos los ámbitos en los que sea posible comprobar que ni un solo euro de dinero público se ha visto injustificadamente gestionado por la congénita incapacidad de Molina de administrar nada.

Comunicamos igualmente a la ciudadanía barbateña que mantendremos la acción judicial que actualmente se está siguiendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Sevilla, en reclamación de la nulidad del presupuesto.

Dos razones nos impulsan a ello, la primera que Molina tampoco ha explicado la razón de por qué no se contestó a las alegaciones que al proyecto de presupuesto de 2017 presentó la Plataforma Ciudadana por el Agua Pública, a la que reconocemos el mérito de haber compartido esta lucha. Y, en segundo lugar, porque entendemos que debe prevalecer la verdad real de lo sucedido de cara a esclarecer los culpables, las razones de esta grave forma de proceder, las responsabilidad de cada persona que haya intervenido y la conservación, el mantenimiento y la recuperación de los caudales públicos que no hayan sido destinados al uso que les hubiera correspondido si las cosas se hubieran hecho legalmente.

Por último queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a los barbateños y las barbateñas, para que tengan claro que pese al desgobierno económico del Ayuntamiento estaremos especialmente vigilantes en los próximos meses para constatar que ni un solo euro del dinero público de todos los barbateños y todas las barbateñas tenga un destino diferente de aquel que debería haber tenido si Molina no hubiera intervenido para provocar esta catástrofe política y financiera.

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