El pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad una proposición de IU para reformar el sistema de pensiones

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Todos los grupos políticos representados en el Consistorio barbateño aprobaron en el Pleno del pasado 4 de abril, una proposición de IU para la reforma del sistema de pensiones y otras medidas de orden social, en la que se insta al Gobierno Central a impulsar medidas que permitan, entre otras cuestiones, la financiación del sistema público de pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado, potenciar la actividad de las inspecciones de trabajo luchando contra el fraude a la Seguridad Social, la vuelta a la jubilación a los 65 años, que las personas cotizantes puedan elegir los 240 mejores meses de su vida laboral o incorporar las horas extraordinarias al cálculo de la base reguladora.

La proposición de IU contó con el voto unánime de todas las representaciones políticas sentadas en la Corporación Municipal para requerir del Gobierno de M. Rajoy, que se implique decididamente en una reforma del sistema de pensiones que atienda a la protección social, a la lucha contra el fraude, y a la consecución de horizontes de dignidad y justicia social para los y las pensionistas barbateños y de todo el Estado.

En la proposición, también se incide en los terribles números que sitúan Barbate como uno de los municipios de Andalucía con las pensiones más bajas de toda la región, con una pensión medida de 790,20 Euros frente a los 821 Euros de Andalucía, y con una clara desventaja de las mujeres, con una pensión media de 685,71 Euros,  como lo demuestran los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para 2016:

tabla pensiones

Todos los grupos políticos han coincidido igualmente con IU en la necesidad de una revisión en profundidad del modelo actual, dado que para su garantía presente y futura depende exclusivamente de unos ingresos menguantes: las cotizaciones sociales caen en picado al mismo ritmo que crece la contratación temporal y precaria. Sumando este problema al incremento de bonificaciones empresariales y el recurso constante a la popularmente conocida como “hucha de las pensiones” por parte del gobierno, se ha generado una preocupación generalizada que hace temer fundadamente por el sistema público de pensiones, a pesar de estar recogido en la Constitución como un derecho en cuanto a su percepción y suficiencia.

La problemática de las pensiones trasciende a las personas que ya son pensionistas. De no introducirse una reforma profunda tanto en el mercado de trabajo como en el sistema de pensiones y su financiación, el conjunto de la población trabajadora de nuestro país verá derogado de facto un derecho constitucional, al tiempo que las entidades financieras aprovecharán una vez más, las debilidades del estado de bienestar para hacer negocio con los fondos privados de pensiones, por lo que es urgente la adopción de medidas con las que fortalecer el sistema público de pensiones, la actualización de las mismas conforme al IPC y la mejora de la contratación estable y de calidad.

No es cierto que no hay dinero para afrontar con valentía nuestras propuestas. Es una cuestión de prioridades: poner los recursos públicos a disposición de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social o seguir financiando a fondo perdido a bancos, infraestructuras ruinosas o amnistías fiscales. Esa es la decisión.

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