En un nuevo episodio de la gestión privatizadora de Miguel Molina al frente del Ayuntamiento de Barbate, éste ha convocado un Pleno Extraordinario para aprobar la privatización del servicio de alumbrado público durante 19 años con un coste cercano a los 4,5 millones de euros, basándose en un solo informe de una consultora privada.
Creando una aparente necesidad no debidamente contrastadas por expertos independientes, el equipo de gobierno encabezado por Miguel Molina pretende dejar a un lado los servicios públicos municipales privatizando el suministro, servicio de mantenimiento y obra pública a realizar sobre la red de alumbrado público del término municipal, sacando a licitación un contrato por importe de 4.481.454 € por un período de 19 años, sorteando la nueva Ley de Contratos del Sector Público que reduce este tipo de contratos a 5 años.
Con su actitud, Molina demuestra su poco interés por mantener en lo público servicios esenciales para la localidad, tal como está haciendo con su gestión complaciente con Aqualia, o su falta de sensibilidad ante problemas que exigen una participación más activa de la Corporación municipal como la pobreza energética o la vivienda.
En este sentido, la izquierda barbateña quiere denunciar expresamente que, además de privatizar el servicio, Molina pretende burlar al Pleno Corporativo delegando las facultades para la adjudicación a una empresa privada de este sustancioso contrato a través de la Junta de Gobierno Local privando al resto de grupos políticos de su participación en el proceso.
Para la elaboración de esta propuesta, Molina ha construido un expediente administrativo a su antojo, llamando primero a una consultora privada para que hiciera un informe sobre una necesidad aparente de la localidad, posteriormente logró la conformidad de la intervención municipal con un informe fundado en el anterior presupuesto de 2013 (que aún hoy no sabemos si sigue vigente), afirmando que existía consignación presupuestaria cuando lo más cierto es que en los presupuestos de 2017 no aparecen a la vista partidas sobre este asunto.
Para terminar, y con objeto de burlar la nueva de contratos públicos, que restringe estas formas caciquiles de actuar (y que además han supuesto en casos parecidos a éste detenciones como sucedió en Parla y en otros municipios de la Comunidad de Madrid), tratan de que todo el proceso se haga antes del 9 de marzo próximo, fecha en la que entra en vigor el nuevo texto legislativo de contratación pública.
A juicio de la izquierda barbateña no se entienden las prisas y la improvisación en este tipo de actuaciones de Molina, ni su afán privatizador, cuando dispone de una empresa energética de capital íntegramente municipal INNOBAR, que perfectamente podría hacer esta labor, creando riqueza por, para y desde Barbate, sin tener que repartir nuestros escasos recursos hacia terceras personas que buscan exclusivamente el ánimo de lucro de sus empresas y no el interés general de los barbateños y las barbateñas.