Nuestro compañero Luis García Perulles, concejal de IU en el Ayuntamiento de Barbate, ha publicado una nota en facebook en la que hace unas aclaraciones muy pertinentes acerca de una resolución judicial ante una demanda presentada en relación con el Alcalde y la empresa Aqualia.
“Esta mañana nos han notificado la Sentencia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz desestima nuestra solicitud de vulneración de derechos fundamentales sobre diversa información que fue solicitada al Alcalde en relación con Aqualia. Como no puede ser de otro modo acato la Sentencia pero lógicamente no puedo estar de acuerdo con ella.
Según el juzgado la vulneración de derechos fundamentales no tiene cabida porque yo no solicité información, sino copia de documentos, lo que, según él, no tiene encaje en la legislación que cita.
Más allá de las fintas que se quieran hacer sobre el asunto, yo pedí copia de los documentos, claro está, pero también pedí que se me exhibieran los documentos y como conclusión a todo ello ya sabemos algo más:
1. Aqualia no facilita al Ayuntamiento las cuentas del Servicio Municipal de Aguas (al parecer eso le parece bien al Sr. Molina, quien justifica ese dislate diciendo que como el contrato es a riesgo y ventura, pues que hagan lo que quieran, sin contar con las más de 10.000 personas abonadas al servicio de aguas en nuestro pueblo). No podremos saber si Aqualia gana o pierde dinero con su gestión, porque como al Sr. Molina eso le parece bien y no hace nada para remediarlo, pues seguiremos como estamos.
2. Aqualia no facilita los costes del servicio, de manera que tampoco sabremos qué dinero ingresa, cuánto gasta, en qué lo gasta y para qué lo gasta (pero eso parece que también le parece bien al Sr. Molina).
3. Y, por último, iré a ver los proyectos en curso y los que han ejecutado (esa odisea sobre ver papeles en el Ayuntamiento la dejaremos para otro post). Entre tanto me voy preparando para ir a ver los papeles, pensaremos si apelamos la Sentencia.
Por último decir un par de cosas. La primera es que está visto y comprobado que los derechos fundamentales en nuestro país están en pleno retroceso. La segunda es que si el juez hubiera tenido claro que no llevábamos razón, nos hubiera condenado en costas y tal cosa no ha sucedido. Según menciona en su Sentencia “por las dudas de derecho que el debate plantea, derivadas de la no siempre sencilla distinción entre información y documentación”.